El Grupo de Ayuda Mutua y Asesoría (GAMA), que dirige Oscar Medina Montelongo, en representación de la comunidad ‘gay’ está demandando del Congreso del Estado la expedición de una Ley de Sociedad de Convivencia para el Estado de Tamaulipas, como aconteció en el DF y en Coahuila.
Al margen de las bravatas del dirigente Gay de “sacar del closet” a los diputados con tendencias homosexuales en caso de no acordar su petición de crear la Ley de Sociedad de Convivencia, esta legislación de concretarse permitiría la unión jurídica entre personas de diferente o del mismo sexo para establecer un vínculo de ayuda y cooperación común.
Está visto que el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de su integración a la vida cotidiana de las personas constituyen uno de los signos distintivos de la modernidad. Los derechos humanos son el sello de la civilización, el cambio cualitativo que marca la diferencia entre las necesidades de supervivencia y la aspiración a una vida más plena y más humana.
De ahí que una Ley de Sociedad de Convivencia establecería un avance en la lucha por la equidad y tolerancia que respondería a las necesidades actuales, no se podría equiparar con el matrimonio, ni pondría en riesgo a la familia, ni atentaría contra nadie, ni obligaría a pensar de manera distinta, por tanto no debe debería verse como una amenaza o agresión.
No cabe duda de que la ley no sólo beneficiaría a parejas del mismo sexo con una relación sentimental, sino también a otros ciudadanos que decidan vivir juntos sin importar su preferencia sexual, su edad o sexo.
De tal suerte que estas personas que por limitaciones económicas decidieran mudarse juntos y adquieren bienes en común o personas mayores que son abandonadas por sus familias cuentan con alguna persona conocida para hacerse cargo de ellos, estarían protegidas por dicho ordenamiento legal.
También conviene señalar las restricciones de la sociedad de convivencia, podríamos citar no tener derecho a la adopción de hijos y en materia laboral y de seguridad social no podrían generar derechos derivados de la muerte de un trabajador, en favor de su compañero o compañera.
Del mismo modo para la sociedad tamaulipeca debe quedar muy claro que esta propuesta legislativa no debe confundirse con una "ley gay” por lo que entendida así generaría muchas resistencias y rechazo al respecto.
En semejantes condiciones por ahora lo importante para la comunidad gay es el cabildeo para generar sensibilidad y voluntad política de los diputados para la expedición de la ley, más allá de las movilizaciones y manifestaciones, de concretarse la legislación esta contribuiría firmemente a su inclusión social.
Por otro lado el espíritu de la nueva legislación debería estar enfocada a atender ese tipo de relaciones no reconocidas, ni tuteladas por el Estado, para generar derechos de sucesión testamentaria, al registrarse los “convivientes” podrán definir la forma que regularán los bienes y su patrimonio.
Es de observarse que la sociedad de convivencia como en el DF se regiría en los términos de la legislación civil establecidos para el concubinato.
He aquí que la oposición conservadora como la Iglesia católica y evangélica; el PAN; catedráticos universitarios y grupos de derecha, restan legitimidad al proyecto de Ley de Sociedad de Convivencia, arguyendo no responder a las necesidades sociales reales, sino a las presiones de los grupos lésbicos-gays que sólo buscan ganar reconocimiento social a sus modos de vida.
Estos grupos opositores que se resisten a la creación de esta ley, quienes se niegan asumir los nuevos tiempos que vive la sociedad mexicana, y en particular la tamaulipeca, cuyos argumentos están sesgados por los prejuicios y la profunda homofobia que los inspira.,
Tengamos presente que en un Estado democrático de derecho, no existe razón, ni fundamento jurídico alguno, que sustente la falta de reconocimiento de derechos civiles y sociales a miles de ciudadanas y ciudadanos, por causa de la prevalencia de un prejuicio más o menos generalizado respecto de la diversidad sexual y afectiva.
Concedamos que una ley de Sociedad de Convivencia sería un gran paso a la tolerancia y respeto a los derechos humanos. No fomenta ni impulsa la homosexualidad ni ningún otro estado en particular y sólo apela a la democracia social, al reconocimiento de la igualdad y también de la desigualdad de los modelos familiares preestablecidos.
En consecuencia resulta imperativo construir un marco legislativo expresado en una Ley de Sociedad de Convivencia para el estado de Tamaulipas que contemple y proteja las diversas formas de convivencia, erradique y prevenga la discriminación y promueva una cultura de respeto a la diversidad social.
En definitiva discutir, y en su caso, aprobar una Ley de Sociedad de Convivencia para el estado de Tamaulipas representa una verdadera prueba de pluralismo democrático, representa el reconocimiento del derecho a la diferencia y que las personas pueden decidir legítimamente sobre sus relaciones personales
Fuente: La Capital
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